La investigación tuvo como objetivo generar datos cuantitativos que sirvan de base para la definición del problema social real de la inmigración en Quito; y, posteriormente la generación de políticas públicas migratorias y laborales.

Según Daniela Célleri, docente-investigadora del IAEN, este trabajo solo fue posible gracias a la colaboración de decenas de voluntarios. "Hace dos años arrancamos con el proyecto y no ha sido fácil. En el proceso de encuestas, por ejemplo, el rechazo fue evidente, recibimos portazo tras portazo, pese a ello alcanzamos nuestro objetivo".

Es así que, de los 2.938 encuestados en 10 parroquias del norte de Quito, el 81,5% corresponde a población venezolana, el 54,34% son hombres, el rango de edad predominante es de 25 a 29 años, solo el 51,9% cuenta con un empleo; de ellos, más del 50% no firma contrato de trabajo.

Más del 25% percibe una remuneración que oscila entre los 200 y 300 dólares mensuales, con lo que a duras penas logran cubrir arriendo, alimentación, transporte, servicios básicos. Menos del 40% de este dinero es enviado como remesas a sus países de origen.

Un alto porcentaje de inmigrantes cuenta con instrucción superior; sin embargo, en la mayoría de los casos, se ven en la necesidad de aceptar ofertas laborales que no están en relación a su preparación académica.

Las cifras dan cuenta de la precariedad laboral, la discriminación y abusos por parte de los empleadores debido a la falta de control de las instancias gubernamentales correspondientes.

Por otra parte, existe una alta demanda de acceso a educación y salud que no está siendo atendida por el gobierno central. En ese sentido, Gustavo Baroja recordó que el Gobierno de Pichincha -sobre la base de sus competencias- desde hace 5 años, presta servicios a la población migrante.

Actualmente, se atiende un promedio de 120 personas por día, a través de la Coordinación de Movilidad Humana, donde se brida atención médica, asesoría legal, apoyo psicológico, capacitación y acogida. "Este modelo de gestión ha venido a llenar un claro vacío institucional a nivel nacional (...) porque los derechos humanos no tienen nacionalidad ni se pierden al cruzar una frontera y los Estados tienen la obligación de garantizarlos", expresó Baroja.

Previo a la presentación de los resultados de esta investigación, se realizó una reunión cerrada con representantes de varios gobiernos provinciales del país para la conformación de la mesa de trabajo sobre investigación en movilidad humana y política pública.

En este encuentro se destacó la labor que ha venido realizando la Prefectura de Pichincha en tema de movilidad humana que "debería ser replicada en todas las provincias".

"No hemos descubierto el agua tibia", indicó Giovanna Tipán, directora de la Coordinación de Movilidad Humana del GADPP- "las prefecturas cuentan con servicios, solo hay que saberlos manejar y aplicar. Así mismo, se cuenta con profesionales que pueden entregar su valioso aporte. La clave está en enlazar las necesidades de la población con los servicios que ya poseen las prefecturas", concluyó.

En esta mesa de trabajo se llegó a un primer compromiso entre IAEN y los gobiernos provinciales, sobre la base de tres puntos: 1) tratar el tema de inmigración como una prioridad -una vez conocidos los resultados de la investigación hecha por el IAEN-, 2) replicar la investigación en Imbabura, provincia donde se concentra un considerable número de inmigrantes; y, 3) crear un observatorio de la política pública de movilidad humana con organizaciones tanto de la academia como de los gobierno locales.

Elaborado por Baby Bustamante Bustamante
Periodista de la Coordinación de Movilidad Humana GADPP